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Los juzgados mantienen abiertos tres casos por posibles delitos urbanísticos en La Rioja

Jun 30 •

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LARIOJA* : Los juzgados de La Rioja investigan actualmente tres casos de posibles delitos de corrupción urbanística en la comunidad. Se trata del expediente de la urbanización Las Rozas, en Lardero, la conocida como 'Casa de las Colonias', en Santurde, ambos a la espera de una sentencia, y de la construcción de un edificio en Briñas. En los tres casos estudiados por el Ministerio Fiscal de La Rioja están implicados los ex alcaldes de estas localidades.

En el sumario de Lardero, los juzgados están a la espera de determinar si la promoción de viviendas denominada Las Rozas, al igual que sucedió con el edificio Alfil, es ilegal y debe ser demolido (o indemnizados los vecinos, en su defecto) por exceder los metros cuadrados construidos. En este caso, el ex alcalde del PP, Pedro Vallejo, participaba en las obras a través de una empresa de la que era accionista.

Mientras, en Santurde, la Justicia deberá determinar si existe delito en la compra de un solar en el centro del pueblo por parte del ex alcalde 'popular', Jesús Montoya, quien, posteriormente, recalificó esos terrenos para la construcción de decenas de chalés y un hotel, que podrían generar unas plusvalías superiores a los 7 millones de euros.

Por otra parte, en Briñas, se investiga al ex alcalde socialista, Roberto Salinas, por permitir mayor edificabilidad en unas parcelas pertenecientes a familiares directos.

Según el fiscal superior de La Rioja, Juan Calparsoro, pese a estos tres sumarios que continúan abiertos, «en La Rioja cada vez se producirán menos delitos urbanísticos porque va creciendo la conciencia social y ha caído el 'boom' de la construcción. Los temas urbanísticos que han ocurrido en algunos municipios de La Rioja casi seguro que no vuelven a pasar en el futuro», explica.

Eso sí, los delitos denunciados no son todos los que existen. El informe anual de la Fiscalía reconoce abiertamente que no todos los casos llegan a investigarse «por la renuencia de la Administración para informar sobre hechos que puedan constituir delitos contra la ordenación del territorio». Es decir, que la cooperación no es suficientemente fluida porque «estos delitos tienen mayor incidencia política, pudiendo afectar a cargos públicos». «En Fiscalía tenemos nuestras limitaciones y si no hay un verdadero afán de colaborar por parte de la Administración, no podemos llegar al fondo de los temas», asegura Calparsoro.

A la Fiscalía tampoco han llegado casos de incompatibilidades de políticos que, tras ejercer su labor pública, se integran en una constructora. «Realmente no es ilegal pasar a una promotora. Cada persona tiene su ética y debe evaluarse. Pero es llamativo y es consecuencia de este sistema económico del ladrillo», justifica.

Casillas ilegales

En lo que la Fiscalía ha constatado una notable impunidad es en la edificación de casas de recreo en zonas rurales que superan el tamaño permitido. «Se ha consentido por parte de los ayuntamientos una actividad que se debería prohibir», indica Calparsoro.

«En vez de imponer una multa y permitir que la casilla continúe en pie, habría que derribarla para restaurar la situación previa. Es complicado porque hay muchos intereses, pero en ocasiones es la única manera posible de solucionar el problema», concluye.



* La Rioja - V. SOTO - 30 junio 2008
Foto: Construcciones investigadas en Santurde, junto a la antigua Casa de las Colonias. / A.I., larioja.com

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