Son Oms: Los presuntos sobornos cobrados por la trama se elevan a 1,2 millones
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Los investigadores de la Agencia Tributaria, fiscalía y Policía Nacional presumen que 700.000 de estos euros pudieron ir a parar al entorno de Bartomeu Vicens, diputado por Unió Mallorquina en el Parlament, y se intenta también clarificar quién se quedó con los otros 500.000 euros.
La querella por los presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho (sobornos) y posibles falsedades documentales, incluye a tres querellados más, a parte de los ya conocidos: Bartomeu Vicens; su esposa, Antònia Martorell; Maxilimià Morales, ex president del Parlament por UM; y el abogado y empresario Jaime Montis. Martorell, defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, acudió ayer a la Jefatura Superior de Policía, pero se acogió a su derecho a no declarar.
Más de doce empresas
En las diligencias informativas abiertas por la fiscalía anticorrupción en el otoño pasado figuraban también como imputados dos empresarios: Miquel Munar Munar y Bernat Febrer, pero ayer se ignoraba si ambos habían sido incluidos en la querella.
La querella ha correspondido, por reparto, al juzgado de instrucción 2 de Palma, que ordenó el jueves los registros en el bufete Montis, y un domicilio particular de la calle San Joaquín, sede de la empresa Metalumba S.L, presuntamente empleada para mover los sobornos.
Varias de las personas que poseían fincas rústicas en la zona de Son Oms, próxima al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la ITV de s´Arenal, han asegurado que los promotores del polígono industrial, entre los que incluyeron a Vicens y Morales, les exigieron la entrega de un 15 por ciento de los solares recalificados a suelo urbanizable.
Si los 1,2 millones de euros fueran dicho porcentaje de soborno estaríamos ante una operación urbanística o inmobiliaria de 8 millones de euros.
Fuentes próximas al caso han señalado que la Agencia Tributaria, la fiscalía anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía están rastreando por lo menos doce empresas, entre ellas Metalumba, que habrían participado en el pago, reparto e inversión de los presuntos sobornos.
Al igual que lo ocurrido en otras causas judiciales por presunta corrupción político-empresarial, los investigadores empezaron a estudiar con detalle los documentos intervenidos en los registros del jueves. Los allanamientos se saldaron con la incautación de varias cajas con documentos y de una copia de todo el archivo informático de la asesoría legal Montis. La hipótesis de la fiscalía es que desde el entorno de Jaume Montis se hicieron pagos a Metalumba, con la que se vincula a Bartomeu Vicens y a Antònia Martorell. También se sospecha que la administradora de la sociedad, Elisabeth Diéguez, era una supuesta testaferro del matrimonio Vicens.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 31.05.2008
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
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